El derecho a la inasistencia a clase por decisiones colectivas está amparado por la Ley Orgánica 8/1985 y el Decreto 327/2010 de la Junta de Andalucía. Para que las faltas de asistencia derivadas de una huelga sean consideradas justificadas y no conlleven sanciones disciplinarias, el alumnado debe seguir estrictamente el protocolo del centro.